La Cámara 12ª del Crimen de la ciudad de Córdoba decidió rechazar el beneficio de la “probation” que habían solicitado los empleados municipales de Deán Funes, imputados por la matanza de entre 500 y 600 perros ocurrida entre febrero y abril de 2013, y que quedaron temporalmente excluidos del juicio que terminó con la absolución por el beneficio de la duda sobre Germán Facchín, exsecretario de Gobierno y, en ese entonces, intendente interino.
Así, la Cámara decidió acoplarse a la solicitud del fiscal de Cámara, Gustavo Arocena, quien había manifestado su opinión desfavorable a la concesión del beneficio, y también a la postura del abogado de la querella, Pedro Despouy Santoro, quien representa los intereses de Lilian Lourdes Luna, presidenta de la Asociación Protectora de Animales de Deán Funes.
Arocena rechazó que se concediera el beneficio no sólo por extemporáneo sino porque los acusados son empleados de la Municipalidad de Deán Funes y su función se equipara a la de los funcionarios públicos. Pero, además, porque la acusación trata de un presunto hecho cometido en ejercicio de sus funciones.
Con esta resolución, Francisco Palomeque, Pablo Palomeque, Diego Allende, Roque Quinteros Nieva, Juan Márquez, y Darío Palomeque deberán afrontar un juicio oral por delitos de daño reiterado, malos tratos y actos de crueldad a animales (Ley Sarmiento). Se trata de un juicio sobre el que existe una enorme expectativa por la jurisprudencia que sentará. Pero deberá sortearse en una Cámara diferente a la que juzgó al exmandamás municipal.“Hay prueba directa contra ellos. No obstante, ante la eventualidad de que alguno de ellos dijera a la justicia quién pergeñó u ordenó el biocidio del 27 y 28 de abril de 2013, sin duda que los favorecería como imputados y atenuaría la responsabilidad penal que ahora se les atribuye”, consideró Despouy Santoro, abogado de la protectora.
Pidieron revisar sentencia
Además de la noticia sobre el rechazo de la probation, se conoció que tanto el fiscal Arocena como la querella interpusieron un recurso de Casación en contra de la sentencia absolutoria que eximió de responsabilidad penal a Facchín. A Facchín se lo sindicaba como el “autor intelectual” del aniquilamiento perpetrado y el responsable directo de haber dado la orden de distribuir los cebos envenenados. Ejercía en 2013 la máxima autoridad en la ciudad porque el intendente Alejandro Teijeiro estaba en uso de licencia por un viaje a Israel.
En el extenso escrito que presentaron este miércoles, el fiscal y el letrado sugirieron que la Cámara 12 omitió valorar adecuadamente muchas pruebas. Por ejemplo, que ni bien fueron imputados los inspectores municipales, Facchin los reunió para “brindarles tranquilidad y darles una mano”. Asimismo, que el exsecretario de Gobierno jamás inició ni ordenó la apertura de sumarios administrativos contra ninguno de los inspectores imputados en la causa. Ni que, tiempo más tarde, promovió a algunos de ellos con un pase a planta permanente. Para la fiscalía y la querella, esos datos sugieren la existencia de un “un pacto de silencio”.Tampoco, se valoró que uno de los empleados confesó ante un policía que habían recibido la orden de Facchín de ir matar a los perros. Incluso, omitieron valorar el testimonio de una testigo clave que vio a dos de los empleados arrojar cebos envenenados la noche del hecho en un coche municipal. En ese momento, todos estos empleados dependían y respondían a las órdenes de Facchín.
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