La entidad gremial que agrupa a productores de gran parte del arco norte cordobés hizo público esta semana un informe con el que demuestra el desigual tratamiento que el gobierno nacional realiza hacia el campo si se lo compara con la industria petrolera.
Y arranca con la primera desigualdad que se dio cuando el gobierno decidió establecer una suerte de precio “criollo” del barril y que se fijó en 45 dólares contra los 35 que se viene pagando en el resto del mundo.
Gracias a eso, las 9 provincias petroleras obtendrán u$ 211,3 millones extras por mayores regalías, a los que podrían sumarse otros u$ 36 millones en concepto de mayor recaudación por ingresos brutos.
¿Quién financia el costo entre el barril “criollo” y el precio internacional? Es altamente probable que todo termine en un esquema de subsidios del Estado nacional al sector.
“Esta política dista diametralmente de la aplicada por el gobierno nacional respecto a la producción agropecuaria y las industrias derivadas”, comienza señalando el informe de la Consultora Prisma y antes de establecer cuál es el aporte que una y otra industria generan a la economía nacional.
El primer dato es cuánto le aporta cada uno al PBI. El petróleo implica el 0,74%, mientras que el campo aporta e 7,11%.Respecto de las exportaciones el dato de 2019 señala que el campo brindó ingresos por u$ 26.627 millones y la industria petrolera arrojó un saldo negativo de u$ 1549 millones.
El tercer dato y apabullante por cierto es el que señala que toda la industria petrolera emplea a 22.506 personas en sus 55 firmas, en tanto que el sector agropecuario, con 56.877 personas físicas y jurídicas, empleó a 361.421 personas.
“Se puede observar que el sector agropecuario tiene un potencial económico claramente superior al petrolero”, destaca a esta altura el informe de Prisma.
Otra variable relevante es la distribución geográfica de los emprendimientos. La explotación petrolera se concentra en 9 provincias, fundamentalmente en la región patagónica, mientras que las explotaciones agropecuarias se extienden prácticamente a lo largo de todo el país.
Ni hablar de las contribuciones al fisco. Sólo en 2019, el campo aportó en impuestos y retenciones $ 372.415 millones; y el petróleo, la sexta parte de eso.“La altísima presión impositiva sobre el campo, condena al productor a tener como socio “fifty – fifty”, en el mejor de los casos, a un Estado que no asume riesgos y encima lo penaliza con regulaciones que intentan que estos se desprendan de su única reserva de valor (su producción). El agro es penalizado con regulaciones que parecieran obedecer más a caprichos políticos que a una política económica con un mínimo de rigor científico”, concluye el informe difundido por la Rural.
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