El Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 absolvió al ex
presidente Carlos Saúl Menem, de 81 años, y al resto de los acusados por
supuesto contrabando de armas a Ecuador y Croacia. También fueron declarados
inocentes Emir Yoma, Oscar Camilión y el resto de los imputados en el caso.
El ex presidente y actual senador por La Rioja había sido
imputado por la venta de 6.500 toneladas de armas y municiones en 1991 y 1995 a
Croacia y Ecuador, aunque estaban declarados con destino a Venezuela y Panamá.
Nadie preguntó públicamente
sobre el destino real que se dieron a los más de 100 millones de dólares
producto de esas ventas porque, en lugar de ingresar al Tesoro nacional, se
sospecha que fueron a parar a los bolsillos de algunos de los 17 exculpados.
La resolución judicial dejó perpleja y enfurecida a media
nación, habida cuenta la cantidad de elementos probatorios sobre la
participación de los imputados en los hechos por los que se los acusaba.
Y deja mal parada a la Justicia que demuestra que sigue
habiendo connivencia con quienes favorecieron la llegada de algunos magistrados
al Poder Judicial.
Por corrupción política (del latín corruptio, corruptionis;
a su vez del prefijo de intensidad com- y rumpere, romper) se puede entender al
abuso del poder mediante la función pública para beneficio personal. De esa
palabra se habló casi durante una década en nuestro país, entre 1989 y 1999,
mientras fue presidente Carlos Saúl Menem.
Y no se dudó en catalogar al gobierno de Menem como uno de
los más corruptos de la historia y de los más ricos en escándalos. Durante la
gestión del riojano más de cien funcionarios fueron investigados por la
Justicia vinculados a irregularidades, enriquecimiento ilícito, sobresueldos,
malversación de caudales públicos y coimas.
María Julia Alsogaray, los Yoma, Carlos Corach, Armando
Gostanián, Erman González, Oscar Camilión, Alberto Kohan, Domingo Cavallo y
Raúl Moneta son sólo algunos de los ejemplos. Y hasta la muerte de Carlitos
Menem Junior, el hijo mayor del ex Presidente, estuvo vinculada a un posible
ajuste de cuentas. Sin mencionar casos menores, como la bochornosa copiada de
Zulemita en un examen de la facultad. Grandes escándalos, muchos de ellos
todavía sin resolución, como el caso IBM-Banco Nación, la AMIA , la aduana
paralela, Siemens y los documentos, El caso Neuss-Thales, los sobresueldos de
María Julia, la Rosadita y la pista de Anillaco, fueron las vedettes durante la
década del ‘90.
Lo bochornoso de la corrupción es que corrompe la
credibilidad de las personas comunes en el funcionamiento del Poder Judicial.
Genera la sensación de que se pueden hacer negocios corruptos porque nadie paga
el precio. Genera el sentimiento de impunidad por parte de quienes lo practican
al amparo del Poder Político.
Después de todo, el dinero que genera la corrupción no sale
de una galera sino de los recursos que aportamos todos los habitantes de una
nación. Los que se enriquecen, lo hacen a expensas del sudor de otros
compatriotas. Ese dinero debiera ser aplicado a la realización de obras y la
prestación de servicios que siguen postergados.
Hay un país que no quiere acostumbrarse a que la corrupción
sea inevitable y prefiere no llamarlo “fenómeno” como si fuese algo que se
genera del mismo modo que la lluvia o los tornados. La corrupción es algo que
se debe combatir y la Justicia es el único medio idóneo para hacerlo dentro del
marco jurídico al que nos sometemos en democracia. Ojalá que los jueces estén a
la altura de las expectativas que gran parte de la población abriga.
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